Pacto Social: ¿Está la Argentina en condiciones de suscribir este tipo de acuerdo?

La idea de que los principales actores sociales lleguen a una serie de lineamientos en pos del bien común pareciera sobrevolar desde hace varias décadas sobre el imaginario popular ante cada cambio de gobierno. Para conocer los antecedentes de estos pactos, entender cómo implementarlo y saber si se puede aplicar en la actualidad, recurrimos al profesor e historiador Marcelo Rougier.

El hecho de reunir a los diferentes actores sociales, que todos se pongan de acuerdo en una salida programática y, por qué no, la ilusión máxima de llevar adelante políticas de Estado, son sueños a los que muchos argentinos parecen no resignarse. Sobre todo, cuando lo que se busca es dejar atrás una profunda crisis económica y financiera.

En su discurso de campaña, Alberto Fernández sacó nuevamente a flote la idea de un pacto social y, como era de esperar, despertó el entusiasmo e muchos, pero también el escepticismo en otros. ¿Es posible un pacto social en la Argentina? ¿Qué características debería reunir? ¿Ya hubo pactos anteriormente? ¿Qué resultados se obtuvieron? Estas preguntas y otras son las que respondió Marcelo Rougier, Dr. en Historia y Profesor Titular de Historia Económica y Social Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA).

“La idea de pacto social remite a una interacción, un acuerdo entre distintos sectores sociales, refrendado, de algún modo, por el Estado. Al hablar de estos actores, uno tiende a pensar en los empresarios y los trabajadores, pero muchas veces incluye a otros actores, vinculados al comercio, a actividades agropecuarias y a toda persona representativa de la dinámica social e institucional de cada país”, comienza la explicación Rougier.

“Básicamente, se trata de un acuerdo destinado a establecer una serie de puntos en común hacia el futuro. En términos generales se lo piensa para alcanzar metas a largo plazo, pero muchas veces incluye una serie de medidas o compromisos que están vinculados al corto plazo, por lo general relacionados a precios y salarios, que son los más difíciles de acordar”, sostiene Marcelo, Investigador Principal del CONICET, y del IIEP y Director del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana.

La duda inherente a esto es, entonces, si los pactos sociales a largo plazo tienen más que ver con el crecimiento, y los de corto plazo con cuestiones de coyuntura, como pueden ser determinadas medidas para salir de una crisis. Rougier responde: “Básicamente tienen que ver con un acuerdo sobre la estabilización de ciertas variables macro económicas, no necesariamente en circunstancias de crisis. Aunque es cierto que se puede asociar la idea de conformar pactos sociales porque hay una situación conflictiva que requiere el acuerdo y compromiso de todos y esto implica una serie de soluciones de variables de corto plazo, para luego pensar en una estrategia de desarrollo a largo plazo, que es la que debe marcar el rumbo de hacia dónde quiere ir el país en término de políticas industriales, agropecuarias, etc.”.

Muchos intentos, un solo antecedente

Cada vez que se habla del éxito de pactos sociales, los que más menciones tiene son, sin dudas, los de la Moncloa. Pero en nuestro país no sobran antecedentes. “Pacto social como tal, en realidad, hubo uno solo. Y para encontrarlo tendríamos que remitirnos al que se llevó a cabo durante el peronismo en el año 1973. Ese fue, formalmente, ‘el’ pacto social, aunque también hubo algunos acuerdos sectoriales en etapas anteriores. En particular durante la etapa peronista de la década del ’50”, aclara el Profesor.

“Creo que un pacto social es viable, pero para ello hace falta un compromiso serio de todas las partes, un Estado que esté presente, una planificación seria y que el pacto en sí mismo tenga la legitimidad social necesaria”.

“El primer intento formal más importante es el que intentó hacer el peronismo hacia el fin de su segundo gobierno, en la década del ’50, y que terminó en el Congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social. En aquella oportunidad se sentaron a la mesa del pacto la CGE (Confederacion General Empresaria), que encabezaba José Ber Gelbard, y la CGT (Confederación General del Trabajo). La idea era estabilizar la cuestión macroeconómica después de dos años de congelamiento de los salarios, porque había que renovar convenios colectivos de trabajo, se estaban llevando a cabo varias huelgas, y el gobierno temía que se volviese a disparar el proceso inflacionario, el cual habían podido doblegar conteniendo salarios, entre otras variables”, analiza Rougier.

En aquella oportunidad se propuso, entre otras cuestiones, que los incrementos salariales fueran de la mano de la productividad de las empresas. “Hasta allí, cuando el asalariado pedía un aumento, el peronismo lo convalidaba. O, directamente, el aumento lo daba el propio gobierno. En esta oportunidad se puso a los trabajadores y a los empresarios a discutir a una mesa, con la promesa de avalar lo que surgiera de esa negociación. Al avalar al sector empresario, este último adquirió más poder. Así y todo, hubo una serie de definiciones al respecto, pero luego llegó el golpe militar y la experiencia quedó frustrada”.

Luego, en la década del ’60, la experiencia fue aún más embrionaria. “En el marco de vaivenes de golpes militares y gobiernos democráticos con ausencia de la representación política del peronismo, la CGE recuperó la personería jurídica que le habían quitado y, junto con la CGT, elaboraron un programa heterodoxo, vinculado a la política económica más tradicional del peronismo, en un contexto de crisis en el cual se estaban aplicando medidas más bien ortodoxas. Pero, con el golpe de Onganía llegó el proyecto económico de Krieger Vasena, el Cordobazo y, con él, un estallido social de varios reclamos y el fin de esta experiencia”.

“Hacia 1970/71 estaba en claro que se iba camino a una normalización institucional. Se juntaron los partidos políticos en lo que se dio en llamar La Hora del Pueblo, donde se reunieron la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, el Movimiento de Integración y Desarrollo y otros partidos menores. Entre ellos establecieron una serie de definiciones en torno a un programa económico nacionalista, que hacía hincapié en la mejora de los ingresos y de las condiciones de los trabajadores. Lo cual fue llevando agua hacia el molino que fue el proyecto del peronismo de 1973”, relata el investigador.

“En junio de 1973 se anunció el pacto social, que técnicamente tuvo el nombre de Acta de Compromiso Nacional”, afirma Marcelo Rougier, y agrega: “Luego, las provincias firmaron una serie de compromisos, vinculados a diferentes áreas: la previsional, la agropecuaria, etc. Donde se las comprometió a cumplir lo firmado en el pacto, en el que se hacía especial énfasis en cuestiones de corto y mediano plazo, que tenían que ver con la recomposición salarial, evitar el crecimiento del desempleo y la cuestión inflacionaria”.

Si bien este pacto social fue pensado para el corto plazo, luego amplió su influencia, ya que se terminó “integrando al Plan Trienal que elabora el peronismo. Este plan fue de más largo plazo e incluyó una serie de definiciones generales, que se fueron estableciendo como leyes, respecto a las inversiones extranjeras, a la promoción industrial, al comercio exterior, etc. De algún modo, aquí es donde confluyó la dinámica de corto plazo inicial, referida a la estabilización macroeconómica, como base necesaria para establecer definiciones de más largo plazo o estrategias del proyecto económico nacional”, sintetiza el docente.

“La clave para que ese pacto social se mantuviese fue su legitimidad política, la cual residió en el enorme peso que tenía el peronismo como partido mayoritario, sumado a la figura de un líder político como Perón. Sin embargo, en cierto momento aparecieron ciertas tensiones de la mano de la coyuntura internacional, como fue el aumento del petróleo. Por otro lado, en el sector obrero también empezaron a haber fisuras, porque hubo facciones muy combativas que la CGT no pudo controlar en ese contexto. Incluso, en su último discurso público, Perón dijo ‘tenemos que ponernos de acuerdo, si no voy a tener que renunciar’. Lo que sucedió después fue que Perón murió, ese resquebrajamiento inicial se profundizó y el pacto implosionó. Esta fue la última y mayor experiencia de pacto social en la Argentina, la cual fue bastante frustrante, pero que puede evaluarse como exitosa en la medida en que hubo una buena capacidad política inicial”, relata el historiador.

¿Es posible un pacto social en la actualidad?

Consultado acerca de si la coyuntura es propicia para la conformación de un nuevo pacto social, Rougier afirma: “Hay una discusión que todavía no está saldada, acerca de si, técnicamente, los pactos sociales siempre van a tener problemas o si son un instrumento posible, sobre todo en contextos de crisis o conflictivos. En lo particular, creo que es viable, pero para ello hace falta un compromiso serio de todas las partes, un Estado que esté presente, una planificación seria y que el pacto en sí mismo tenga la legitimidad social necesaria”.

Dicho esto, el profesor traslada el concepto a la actualidad. “En la campaña presidencial se habló de la necesidad de llevar a cabo un pacto, hoy se sigue hablando de lo mismo. Y se ha conformado un grupo de asesores en ese sentido, pero el plan económico y las estrategias a largo plazo ahora quedaron subordinados a una meta inmediata, que es resolver el tema de la deuda externa para estabilizar las variables y tener un horizonte más claro de lo que se pueda hacer a futuro”.

Entonces, ¿no se pueden ir delineando las bases del pacto hasta que no se haya llegado a un acuerdo respecto a la deuda? La respuesta la aporta Rougier: “No creo que resolver la cuestión macro impida ir desarrollando las bases del pacto, es una cuestión de perspectivas. Pero me parece que es absolutamente necesario hacer un pacto social para definir una estrategia a más largo plazo, con un proyecto económico y social, porque una vez que se define, se tiene la capacidad de legitimarlo socialmente. Esta fue una de las falencias del kirchnerismo: en el 2008 estábamos discutiendo si éramos un modelo agroexportador o industrial. Por eso, cuando se define un proyecto, se tiene que tener en claro hacia dónde se quiere ir, debe haber lineamientos claros y existir el apoyo de los distintos sectores, entonces el pacto se va legitimando con el transcurrir de estas etapas. Y esa legitimación es la que hace superar los imponderables que pudieran ocurrir”.

Una variable a tener en cuenta a la hora de definir un pacto social, es el momento de su lanzamiento. “Las crisis son propicias para tomar decisiones fuertes y avanzar en un sentido determinado previamente. El llamado a un pacto social debería hacerse ahora, porque después no se va a poder llevar adelante. Encima hay instancias electorales de medio término que también hacen que no sea ese el mejor escenario para convocar al diálogo. Por otra parte, este tipo de gobiernos, como el actual, genera otras expectativas, es más permeable a los reclamos sociales y, por ello mismo, surgen otras tensiones, las cuales tiene que encauzar. Y es ahí donde es importante haber suscripto antes un pacto social. El cual debe llevar a cabo las definiciones estratégicas de largo plazo y una campaña de legitimación que haga sentir parte importante de dicho pacto a los diferentes actores sociales”.

Otro aspecto elemental es el punto de partida, porque el Estado puede sentar a una mesa de discusión a los empresarios, a los trabajadores y a diferentes actores sociales, pero hay que partir de un supuesto que también tiene que estar consensuado. Dice Rougier: “¿De dónde partimos? ¿Se les recompone en parte el poder adquisitivo perdido a los trabajadores? ¿O partimos de la base de un congelamiento de la redistribución actual de la Argentina? Esta etapa inicial es muy importante porque si no queda bien formulada de entrada, puede ser la base de las tensiones posteriores que pueden evitarse. Va a haber otras que son inevitables, ya que suelen ser políticas bastante rígidas en términos de precios y salarios. Supone, desde esa lógica, una contención de la lucha de clases”.

Y lo último que hay que definir en el proceso inicial de un pacto social es la estrategia productiva de largo plazo. “El punto de partida es duro, pero se pueden definir una serie de lineamientos estratégicos sobre los cuales estén de acuerdo todos o la mayoría de los sectores. Porque, por ejemplo, si el gobierno discute las retenciones al sector agropecuario, que en realidad son actualizaciones de lo perdido, y ya lo amenazan con medidas de fuerza, hay algo que se está haciendo mal. Deberían sentar a todos los sectores, incluido el agropecuario, y que cada uno se comprometa a ceder determinadas cuestiones. Hay que empezar el diálogo desde cero y legitimarlo políticamente. Es algo que no se puede llevar a cabo en un par de días, ni que es muy fácil de resolver. Se trata de una construcción política de más largo plazo”, concluye Marcelo Rougier.

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