La inflación también impacta en los balances contables de las empresas

Ante el cierre del ejercicio de 2018, advierten que existen diferencias entre las normas que regulan a los contadores y a las empresas, respecto de los ajustes por el aumento generalizado de los precios. No obstante, señalan que  el conflicto podría resolverse.

El proceso inflacionario que atraviesa la Argentina está repercutiendo en la contabilidad de las empresas no sólo por cuestiones comerciales, sino también al momento de preparar información contable. En lo que va de este año, y tomando diferentes índices de precios disponibles (entre ellos el Índice de Precios Internos Mayorista, IPIM, publicado por el INDEC), se verificó que la tasa acumulada trianual superó el parámetro del 100% establecido en las normas contables profesionales que obliga a aplicar el ajuste por inflación.

Por esta razón, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) ya emitió una Comunicación y una Resolución (Res. JG Nº 539/2018) donde establece que los estados contables cuyos ejercicios cierran a partir del 1 de julio de 2018 deberán prepararse en moneda homogénea aplicando el ajuste por inflación.

“Es un tema significativo y tiene que ver con un proceso inflacionario que ha dejado de ser inmaterial y ha pasado a ser significativo, sostenido y generalizado. Así como nuestras normas profesionales establecen que debemos aplicar el proceso de ajuste por inflación para que los estados contables estén expresados en moneda homogénea de fecha de cierre, es menester que los Organismos de Contralor que regulan a las empresas (como ser IGJ, CNV, BCRA, etc) acepten la presentación de estados contables ajustados por inflación, sino esta discrepancia arrastra grandes desprolijidades y errores al momento de preparar y emitir información contable comparable que refleje el verdadero poder adquisitivo de la moneda”, dijo Carlos Rapisarda, contador y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Al respecto, sostuvo que durante 2018 se excedió la tasa de inflación acumulada de 100% en un período de tres años, un parámetro establecido en las normas contables profesionales vigentes (Resolución Técnica Nº 6 de la FACPCE). “Esto ya era un hecho, sólo faltaba definir a partir de qué fecha y cómo hacer la transición de manera coherente y posible”, dijo Rapisarda.

“Con semejante inflación anual, no es posible sumar las operaciones históricas de diferentes momentos del año y expresar dicho saldo a fecha de cierre sin efectuar ningún proceso de corrección, porque esas transacciones contenidas en los saldos de un estado contable no son comparables. La información que estamos tomando como base para distribuir utilidades, para pagar impuestos o tomar decisiones en una empresa son pesos comparados en poderes adquisitivos de diferentes momentos de un ejercicio, y merecen un proceso de corrección urgente”, agregó.

 

En lo que respecta a las normas legales que agrupan a las empresas, la negativa original respecto a la no aceptación de estados contables ajustados por inflación provenía del Art. 10 de la Ley de Convertibilidad Nº 23.928 y del Decreto PEN Nº 1.269/02, que se referían básicamente a la prohibición de realizar actualizaciones de precios, asumiendo que tales actualizaciones también incluían a los estados contables. Por otra parte, existe otra norma legal que es la Ley General de Sociedades, que en su artículo 62 establece que los estados contables deberán confeccionarse en moneda constante, y esto claramente genera contradicciones entre la propia norma legal.

“Si esto continuaba así se generarían discrepancias importantes e innecesarias, ya que como auditores de las empresas tendríamos que emitir dictámenes con salvedades significativas debido a que las compañías no aplicarán el ajuste por inflación en sus estados contables por prohibición de sus organismos de contralor. Por el contrario, nosotros sí tener que cuantificar el impacto por exigencia de nuestras normas contables profesionales que lo establecen como obligatorio, según lo indican las normas de la FACPCE y Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de cada jurisdicción”, agregó Rapisarda.

Para lograr resolver estas diferencias de criterios entre la norma contable legal y profesional, se presentó un proyecto de Ley para modificar el artículo 10 de la Ley de Convertibilidad, aclarando de manera definitiva que lo indicado en ese artículo “no comprende a los estados contables” de los cuales seguirá siendo aplicable lo indicado en el artículo 62 de la LGS. Además este proyecto deroga el Decreto 1269/02. De esta manera se deja de depender de que la autoridad ejecutiva de turno emita o no un decreto cada vez que se inicie un proceso de inestabilidad monetaria para saber si se admitirá o no legalmente la presentación de balances ajustados por inflación.

Esta proyecto fue finalmente aprobado como Ley por el Congreso Nacional el 15 de noviembre de 2018 y publicado en el Boletín Oficial el pasado 4 de diciembre del corriente. De esta manera no habrá mas diferencias respecto a la preparación y presentación de estados contables ajustados por inflación tanto para los contadores que cumplen con sus normas contables profesionales y tampoco para las empresas que cumplirán con las normas contables legales.

Sólo resta ahora que los diferentes Organismos de Contralor que regulan a las empresas emitan sus respectivas reglamentaciones respecto a la Ley ya sancionada y promulgada y definan a partir de que fechas de cierre de ejercicio aceptarán estados contables ajustados por inflación (en moneda homogénea o constante).

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