Ineficiencias e inequidades del sistema previsional

Especialistas de la UBA, del Conicet y de la OIT advirtieron sobre las discusiones que se deberían dar en relación al actual régimen de jubilaciones, y destacaron algunas variables que podrían ser tomadas en cuenta por el próximo Gobierno para avanzar en una reforma estructural.

 

Pese a algunas modificaciones que logró introducir el Gobierno de Mauricio Macri en el régimen jubilatorio, especialistas en la materia advierten que la próxima administración nacional debería avanzar en una reforma estructural, debido a que actualmente existen fragmentaciones, ineficiencias e inequidades hacia adentro del sistema, que representan un elevado gasto para el Estado.

Cuando el Gobierno nacional reglamentó la Ley 27.260, que dispuso la creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, incorporó la Pensión Universal para los Adultos Mayores (PUAM) y asumió el compromiso de conformar una comisión para discutir una reforma estructural del sistema. “Pero esta comisión nunca se terminó de conformar y la reforma definitiva del sistema tampoco se hizo. Hoy tenemos un sistema muy fragmentado, que implica un gasto público muy elevado y que no conforma a casi nadie. Por eso pensamos que sería una demanda a cubrir al principio del próximo período, más allá del partido que resulte ganador en las elecciones presidenciales”, dijo Oscar Cetrángolo, director de la Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA-CONICET).

Al respecto, advirtió que “de ahora en adelante el sistema va a tener importantes problemas de financiamiento debido que perdió los recursos que le asignaba el Pacto Fiscal, equivalente al 15% de la coparticipación, y a que el Gobierno redujo las contribuciones patronales. En este contexto, existe una expectativa por conocer qué proyectos de reforma promete cada partido”.

Recientemente la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó un informe elaborado por Cetrángolo y los expertos de ese organismo Fabio Bertranou y Pablo Casali, donde realizaron un diagnóstico del sistema y propusieron una serie de medidas para abordar la problemática. “Pensamos cómo hacer para tener un sistema más ordenado y sostenible en el tiempo, bajo un esquema donde todos los adultos mayores tengan asegurado un ingreso”, afirmó el investigador.

Según este informe, la Argentina está gastando cerca de 12% del PBI en el sistema de protección social de la población adulta mayor. De ese total, 7,6% corresponde al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que a su vez está fragmentado porque sólo la mitad de ese porcentaje proviene de los aportes de la población, mientras que el 50% restante corresponde a las moratorias previsionales. “Por esta razón decimos que es un régimen semicontributivo, porque están los que aportaron y los que cubrieron sus deudas con moratoria. Es una estructura compleja porque, además, algunas provincias no transfirieron sus regímenes a la Nación y tienen un gasto mayor a 2,5 puntos de producto en cajas de pensiones. A esto se suman los regímenes especiales de la policía, de los militares y de la justicia”, indicó el investigador de Económicas de la UBA.

Gasto en los diferentes fragmentos de la protección para la población adulta mayor. Año 2017. En porcentaje de PBI. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda (2018) y Subsecretaría de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

“Es un gasto similar al de países muy maduros y de amplia cobertura. El problema radica en las ineficiencias y las inequidades hacia adentro, producto de los sistemas provinciales con distintos tipo de cobertura y de los regímenes especiales. Hacia adentro del SIPA se está financiado las jubilaciones de quienes contribuyeron y quienes no lo hicieron. Por otra parte, las personas que aportaron durante 30 años o más reciben una jubilación menor a la que esperan, por lo cual también demandan al Estado y generan un problema adicional”, dijo.

“En general, en la Argentina se han dado moratorias con beneficios sin una contrapartida de aporte razonable, aunque este problema estaría resuelto hacia adelante con la PUAM, que representa un ingreso 20% menor al de una jubilación mínima para todos aquellos adultos mayores de 65 años”, añadió.

Reforma estructural

Cetrángolo destacó que sólo entre 5 y 6% de la población adulta argentina mayor vive en hogares pobres, mientras que 45% de la población infantil habita en hogares bajo la línea de la pobreza. En función de estos datos, consideró que deberían fijarse prioridades para avanzar en políticas públicas.

“El sistema va a tener importantes problemas de financiamiento debido que perdió los recursos que le asignaba el Pacto Fiscal y a que el Gobierno redujo las contribuciones patronales”.

¿Cuales serían los puntos más importantes a tratar en una futura reforma del sistema previsional? “Me parece que lo más importante es separar los distintos regímenes y que el contributivo sea sostenible en sí mismo. En segundo lugar, habría que definir claramente con qué dinero se van a financiar las prestaciones no contributivas. Tarde o temprano vamos a tener que discutir el régimen jubilatorio de los regímenes especiales, sobre todo los de la Justicia y de la Fuerzas Armadas. Deberíamos buscarse la unificación y la armonización de los sistemas provinciales, y consolidar la PUAM como una base de derechos para toda la población adulta mayor”, detalló.

Asimismo, agregó: “Me parece muy difícil que el sistema pueda bajar su nivel de gasto durante los próximos años, porque hay derechos adquiridos que son muy difíciles de resignar, aunque eso implique una demanda muy fuerte sobre la estructura tributaria”.

Respecto de la discusión por la edad jubilatoria (actualmente establecida en 60 años para las mujeres y en 65 para los hombres) consideró que “sería ideal ir acomodándola parcialmente y de a poco, en relación a la esperanza de vida de la población, y no hacerlo cuando la situación llega a un límite, como pasó en la década de 1990”.

“De todos modos, el mayor debate actual no es la edad, porque esa variable no modifica el nivel de gastos en el corto plazo. En cambio, sí se discute la cláusula de movilidad, que ya generó un alto rechazo y motivó que el Gobierno perdiera la iniciativa, en la medida que no planteó esa reforma como parte de una modificación estructural sino como un parche transitorio. Pero eso creo que tarde o temprano debería volver a discutirse”, concluyó.

También puede gustarle...